CSI*CSIF Extremadura valora positivamente que el Pleno de la Asamblea aprobara ayer una Proposición no de Ley (PNL) que insta a la Junta de Extremadura a pactar los contenidos de los planes de acción social de los empleados públicos de la Administración autonómica con los representantes de los trabajadores en la Mesa de Empleo Público.

Dicha propuesta surgió a raiz de una enmienda de modificación planteada por el Grupo Socialista --aceptada por los populares-- sobre una Proposición no de Ley a través de la cual el Grupo Popular solicitó inicialmente la puesta en marcha antes de finales de 2008 de un plan de acción social para los 45.000 empleados públicos de la Administración regional.

Durante el debate de las propuestas, tanto el diputado popular Antonio Quintana como el socialista Estanislao Martín coincidieron en la necesidad de que los funcionarios cuenten con planes de acción social, así como con condiciones que permitan la "igualdad" del colectivo respecto al de otras CCAA y el Estado, aunque Martín resaltó que la Junta ya está desarrollando diferentes medidas y propuso que sea esta institución en negociación con los sindicatos la que aborde el contenido de dichos planes.

En su primera comparecencia en una sesión plenaria en la Cámara autonómica, como medidas concretas para los funcionarios de la Junta, el diputado del PP Antonio Quintana reclamó la puesta en marcha de convocatorias de ayudas a matrículas por realización de estudios universitarios; ayudas para gastos escolares; la creación de guarderías en cada centro de trabajo para niños de cero a tres años; y fondos de pensiones.

El popular criticó "el olvido" en el que a su juicio ha mantenido la Administración autonómica socialista a sus empleados públicos durante los últimos años, y solicitó que los presupuestos generales de la Comunidad para el próximo año contemplen un 1 por ciento de masa salarial para la puesta en marcha de medidas que contribuyan a "mejorar la calidad de vida" de los funcionarios y sus familias, a través de la creación de una comisión de acción social "con un contenido real".

Según argumentó, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado a nivel nacional "obliga" a las Comunidades Autónomas a elaborar un plan de acción social para los funcionarios, una medida que --indicó-- la Junta de Extremadura aún no ha puesto en marcha. Así, reclamó que hasta que se cumpla dicha medida se ponga en marcha un plan de acción social dirigido a dicho colectivo cuyas medidas sean abordadas entre la administración autonómica y los sindicatos a través de una mesa de negociación.

Antonio Quintana afirmó que los funcionarios de la Junta de Extremadura han perdido poder adquisitivo y no están equiparados en derechos con el resto de empleados públicos de la Administración central y de otras comunidades, como consecuencia del "olvido" del Gobierno regional hacia ellos.

Así, para "igualar" las condiciones salariales y de derechos en general de los funcionarios autonómicos extremeños, el diputado del PP anunció que su partido "peleará con uñas y dientes" por un colectivo que --dijo-- "ha sido el gran ausente para la administración socialista".

MEDIDAS DE LA JUNTA.

Por su parte, el diputado socialista Estanislao Martín defendió la implantación de planes de acción social y de la "igualdad" de los empleados públicos de la Junta, y recordó que ya existen en marcha medidas en favor de dicho colectivo como el acuerdo firmado entre la Administración autonómica y los sindicatos el pasado día 16, y que permitirá --dijo-- la negociación de planes de acción social para el personal funcionario.

Por este motivo propuso una enmienda de modificación de la PNL del PP a través de la cual el Grupo Socialista propuso que los contenidos de dichos planes de acción social se realice con los representantes de los trabajadores en la Mesa de Negociación de Empleo Público. La enmienda fue aprobada por los populares.

En cualquier caso, Martín apuntó que dentro de dichos planes de acción social se negociarán los distintos tipos de ayuda y las condiciones para ser beneficiario, así como la implantación de medios telemáticos, el establecimiento de los supuestos especiales, etc.

Además, resaltó que la reforma de la futura Ley de Función Pública establecerá un sistema de cadena administrativa que conllevará la mejora de las condiciones retributivas de los empleados en la medida que ellos progresen en su labor.

(Fuente: Europa Press)