CSI-CSIF entiende que algo va mal en el tema de Educación cuando en el foro donde teóricamente están representadas todas las organizaciones vinculadas al mundo educativo (Consejo Escolar del Estado), no ha existido un debate serio y riguroso de la nueva Ley Orgánica de Educación. Asistimos al hurto del diálogo por el telegrafiado de las votaciones de las 1800 enmiendas, ¿es posible dilucidar algún tipo de balance sobre un tema tan importante, y en consecuencia extraer algunas conclusiones? Es obvio que no; y lo peor es la imagen tan negativa que se viene dando desde las instancias educativas a toda la sociedad.

No se ha hecho un trabajo serio con anterioridad para abrir más el espacio y el tiempo a la reflexión y el diálogo. En este sentido, se observó que se votaban enmiendas totalmente contradictorias, unas veces a favor y otras en contra. La dinámica establecida por la Presidenta fue la disposición de 30 segundos para los miembros de la Permanente a la hora de defender sus enmiendas, y un minuto los que pertenecen al Pleno. Lo que redundó en que más del 90% de las enmiendas sólo se votaran. Tras observarse que casi iba ser imposible llegar a votar todas ellas por falta de horas en el día, y tras una serie de intervenciones en las que se puso de manifiesto que quedaban casi 500 enmiendas, que se estaba fuera del horario del orden del día y el número de consejeros se había reducido considerablemente, CSI-CSIF denunció que se estaban cometiendo algunas irregularidades, hurtando el legítimo derecho a defender las enmiendas y en consecuencia a la ausencia del debate.

A la vista de la situación y de la premisa del “primun dictamen, deinde filosofare”, CSI-CSIF presentó dos documentos para advertir de las anteriores circunstancias y del estudio jurídico, si procede, para la impugnación del Pleno del Consejo Escolar. Entendemos que una situación caricaturesca como la vivida, debe hacernos reflexionar sobre la esclerosis administrativa en la que ha entrado el CEE, necesitando una reflexión y reforma sobre su funcionamiento y composición del mismo, donde la enseñanza pública tiene que estar representada según le corresponde (70%) para corregir los desajustes que ahora mismo existen.