SE INICIA UN NUEVO CURSO QUE DEBE ACELERAR LAS MEJORAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO PESE A LA CRISIS ECONÓMICA

Un nuevo curso inicia la andadura con los sonidos de fondo de la crisis económica que preocupa profundamente a la sociedad española. No es la primera vez que sufrimos este problema, ni somos quienes para emitir recetas, pero sí sabemos, y por eso lo decimos, que la salida de esta situación no se arreglará con menos inversión educativa, sino precisamente con justamente lo contrario, es decir, incrementando la inversión en educación.

El curso pasado estuvo ocupado prácticamente por la larga campaña electoral y posteriormente por la reestructuración del Ministerio de Educación. Las consecuencias han sido una escasa actividad en aspectos como el desarrollo de la LOE, ningún avance en la negociación colectiva, así como pocas medidas en el avance de la mejora de la calidad de la enseñanza, pese al cacareo al que nos tienen acostumbrados tanto unas administraciones como otras. Aunque lo hemos dicho en otros momentos, queremos insistir en la importancia que tiene para el futuro de la sociedad española una educación de calidad que sirva para dotar a los ciudadanos de buena formación que les ayude a afrontar el futuro con las suficientes garantías. También debe ayudar a la sociedad para continuar con el imparable progreso a la modernidad de la mejor manera posible.

Por ello es tan importante que, tanto el desarrollo de la LOE por el Gobierno Central, como las leyes autonómicas que la desarrollen, deben tener en cuenta que la prioridad es tener un sistema educativo de calidad y no diecisiete subsistemas en pugna permanente por la distinción del vecino como principal objetivo. Para ello hay que trabajar en dos direcciones de forma prioritaria.

En primer lugar la introducción de medidas estructurales que mejoren la rentabilidad de las inversiones y esfuerzos de la comunidad educativa. Entre ellas destacamos la apuesta por la enseñanza pública como vertebradora del sistema sobre otros condicionamientos coyunturales sin obligarla de forma injusta a ser la responsable del 80% del alumnado con diversidad. También deben reducirse de una vez las ratios actuales que son las mismas que hace 25 años cuando la diversidad no tenía nada que ver con la actual y constituyen una de las principales causas de la baja rentabilidad del sistema educativo español. Tenemos que potenciar la red pública de 0-3 años para reducir las desigualdades de origen y empezar de forma más temprana la lucha contra el fracaso escolar. Tenemos que asumir la necesidad de controles externos y no esconder la cabeza debajo del ala como esas Comunidades Autónomas que para evitar el bochorno de los resultados no participan en la elaboración de los informes internacionales. Tenemos que mejorar los centros públicos con políticas de sustitución de los viejos edificios por nuevas instalaciones adecuadas a las demandas actuales, así como dotarlos del material necesario, aunque justo es reconocer que se ha avanzado mucho más en este aspecto. En fin, otras medidas como la mejora de la promoción, la generalización de los programas de cualificación profesional inicial, el aumento de la inversión en la Formación Profesional, son medidas que contribuirían a elevar la calidad de la educación, objetivo irrenunciable.

La segunda línea de actuación debe ir dirigida a la recuperación de la motivación del profesorado para el ejercicio de la docencia. Es bien conocido y asumido que sin la complicidad del profesorado difícilmente se va a salir de la situación de estancamiento en que nos encontramos. Las Administraciones educativas deben mejorar las condiciones laborales del profesorado. Y ello afecta tanto a los temas económicos, intentando evitar que la acción descoordinada de las Autonomías produzca maestros y profesores de primera y segunda clase, como a aspectos sociales, psicológicos y jurídicos. El docente tiene que dedicar el cien por cien de su capacidad intelectual a la tarea de formar alumnos y no pensar en como diseñar estrategias para sobrevivir en clase. Pero, además, debe de tener resueltos todos los aspectos legales y jurídicos en caso de agresión o violencia psicológica con el apoyo manifiesto de las Administraciones cuando sea necesario. Para que su labor sea apreciada y valorada debe recuperarse la dignificación de la profesión docente y debe intentarse por todos los medios que la sociedad tenga una consideración máxima de la educación para lo que tiene que ser valorada como la mejor herramienta de progreso individual y social.

Para conseguir estos fines nada mejor que la llegada a un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio para un Estatuto Docente que signifique la primera piedra para la recuperación de la motivación del profesorado. Un Estatuto que reconozca la justicia de la prórroga de la jubilación anticipada para una generación de enseñantes que han tenido que adaptarse a cuatro reformas educativas distintas, que apueste por una carrera profesional que corrija las diferencias económicas con el resto de funcionarios, que proponga una promoción real de acuerdo con los méritos adquiridos y que valore la dedicación al centro y a la docencia. Si el Ministerio comprende estas premisas será muy bien recibido por los docentes que de esta forma creerían de verdad en la voluntad de llegar a un acuerdo expresada frecuentemente por nuestros dirigentes.

Sería un tremendo error que se utilizara la crisis económica para paralizar la necesaria inversión educativa porque eso nos colocaría en una situación de retraso imposible de salir a varias generaciones de españoles. Una responsabilidad histórica que creemos sabrán entender los nuevos responsables porque experiencia, capacidad y conocimiento de la situación no les falta. Además de esto queremos voluntad, algo que evaluaremos cuando este curso que ahora comienza pase a ser historia.

Madrid a 8 de septiembre

SECTOR NACIONAL ENSEÑANZA CSI-CSIF