NECESITAMOS UN ESTATUTO DOCENTE QUE DIGNIFIQUE LA PROFESIÓN PARA SALIR DEL ESTANCAMIENTO EDUCATIVO

Eliseo Moreno
Presidente Nacional Sector Enseñanza CSI-CSIF
(Fuente: Revista OGE. Organización y Gestión Educativa Nº.2 MARZO y ABRIL 2008)

Probablemente el acuerdo más esperado por el profesorado en esta legislatura era el Estatuto Docente, uno de los escasos desarrollos constitucionales incumplidos. Lamentablemente tenemos que reconocer que la negociación ha terminado en un fracaso de la que hacemos responsable únicamente a la falta de interés de la Administración Educativa por un proyecto que exigía mucho más compromiso dada la situación de estancamiento que vive la educación española, como reflejan los informes internacionales.

Y no es porque los sindicatos no hayamos tenido paciencia negociadora. Durante meses hemos tenido reuniones, propuestas, más propuestas y siempre hemos visto como desde el MEC se mostraba la cara más cicatera de la Administración Educativa. Es más, en esta negociación ha ocurrido lo que nunca había pasado antes. Corría el 18 de abril y en el marco de la Mesa Sectorial Nacional de Educación, la Administración nos hizo una oferta que fue valorada positivamente por todos los sindicatos presentes. Cuando esperábamos el documento por escrito, el MEC se echó atrás procediendo a continuación a rebajar en cada reunión posterior lo ofrecido en esa inolvidable Mesa. Algo que ni los más viejos del lugar recordaban y que ha terminado por romper la baraja negociadora sin que aparentemente haya movido a reflexión a los responsables educativos.

El Estatuto Docente ha sido una reivindicación histórica de los docentes españoles desde la Transición Democrática. Existen buenas razones ello: Tenemos una estructura autonómica del Estado pero con Cuerpos Docentes Nacionales, el profesorado es un sector muy numeroso de la Administración Pública pero es frecuente que no se tenga en cuenta sus especificidades a la hora de regular sus condiciones profesionales, los intensos cambios de los últimos treinta años exigen una adaptación permanente a las crecientes exigencias sociales. Hay otras razones más educativas como la adaptación del profesorado a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, a los cambios en el mundo del trabajo, a la mentalidad más abierta de nuestras generaciones jóvenes, a los intensos cambios legislativos educativos y la incorporación a la docencia de los jóvenes que nacieron en plena Transición.

Pero, probablemente la razón más poderosa lo constituya el que el Estatuto Docente sea la mejor herramienta para adaptar la educación española a las necesidades de la sociedad española del s. XXI. Una sociedad que ha avanzado en los últimos treinta años mucho en aspectos como la economía, la urbanización, la sanidad o la sensibilidad medioambiental pero, en la que la educación, no ha experimentado un progreso similar. A título de ejemplo, vemos que el nivel económico español está entre los diez primeros del concierto internacional mientras que el nivel educativo se sitúa apenas entre los treinta primeros. No es infrecuente ver declaraciones de eminentes representantes de nuestra sociedad preocupados por el diferente ritmo de adaptación de la educación a la evolución de la sociedad española.

Hoy sabemos que las sociedades que más prosperan en educación son las que han mimado a sus docentes, las que han tenido la sensibilidad suficiente para incorporar una buena formación inicial, para implantar unas buenas condiciones laborales y, sobre todo, para situar a la educación en el centro del desarrollo con un gran reconocimiento social y con una buena valoración de la profesión docente. Algo de lo que está muy necesitado nuestro país donde se valora por encima de todo el enriquecimiento rápido sin esfuerzo, donde se consumen vorazmente los programas basura de la televisión y donde la educación apenas se valora y la profesión docente vive sus horas más bajas desde hace muchos años.

La mejora de la situación de la profesión docente debería ser el punto de arranque para la implantación de la reforma educativa dirigida a la superación del actual estancamiento (algunos prefieren hablar de crisis) del sistema educativo manifestada fundamentalmente en la baja calificación obtenida en los informes internacionales, en los altos índices de fracaso escolar, en el deterioro de la convivencia de los centros educativos y la desmotivación general de los docentes. Por ello, CSI-CSIF considera imprescindible recuperar el prestigio y la autoridad del profesorado, la mejora de sus condiciones laborales y un impulso a medidas que supongan la mejora del sistema educativo llevándolo a estar entre los mejores de nuestro entorno europeo. El Estatuto puede y debe ser el marco para conseguir estos objetivos.

El profesorado esperaba un Estatuto valiente que tuviera como primera directriz estas premisas y lo que hemos tenido ha sido una serie de Borradores que más parecían una recopilación normativa de todo lo existente que un corpus sólido de normas dirigidas a dar solución a las demandas de la profesión docente. Cierto es que esta norma también ha de servir de recopilación, pero sinceramente, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. A lo largo de la negociación del Estatuto se han llegado a acuerdos en muchos puntos, pero todavía permanecen otros donde las posturas están todavía demasiado alejadas, son los denominados sindicalmente temas calientes.

Uno de estos temas es la promoción profesional, una medida que consideramos obligada, para introducir ese aspecto necesario de motivación interna que nunca se ha querido afrontar de manera seria por ninguna Administración Educativa. En CSI-CSIF siempre hemos criticado este vacío en la regulación de la profesión y, por eso, hemos exigido que se contemple en todas sus posibilidades (como decimos entre nosotros, sin cerrar puertas desde la Ed.Infantil hasta la Universidad). Siempre hemos echado en cara a la Administración que no ha tenido en cuenta los muchos esfuerzos de los docentes en la adquisición de nuevas competencias profesionales e intelectuales. Los distintos borradores no han propuesto ninguna mejora real en la promoción vertical tanto del B al A, como en el acceso a la Universidad. Nosotros hemos pedido que la promoción del B al A se haga por concurso de méritos, con la titulación y experiencia requerida, y que la promoción hacia la Universidad se haga efectiva a través de una gestión inteligente de las vacantes con el fin de que tengan acceso a ellas los cuerpos docentes anteriores a la Universidad.

La jubilación es otro de los puntos discrepantes con las propuestas de la Administración. Cierto que ha habido alguna mejora desde el primer del Borrador hasta el último, cierto que desde nada hasta los dos años más de lo establecido en la LOE, en el último borrador, ha habido algún movimiento, pero no es menos cierto que hasta la prórroga indefinida, junto a la actualización anual de las gratificaciones que exigíamos nosotros todavía queda un largo trecho. A tenor de las demandas profesionales de los centros, ésta probablemente, sea la medida más esperada por el profesorado, y esto es algo que nos debería hacer reflexionar porque significa un tremendo fracaso en la política de personal desarrollada por las últimas administraciones.

Hay otros aspectos que aparecen en las distintas propuestas que van en dirección contraria a las expectativas del profesorado y que incomprensiblemente se han mantenido en todos los borradores que hemos manejado. Nos referimos a lo que se define como redistribución y recolocación de los docentes según las necesidades de la planificación educativa, y al margen de los concursos de traslados (lo que elimina el concepto actual de plantilla de los centros), o la que cercena los derechos sindicales al negarlos a quien tenga algún cargo directivo. Tampoco hemos visto con optimismo en los sucesivos borradores la regulación de los derechos y deberes y el régimen disciplinario, mucho más rígidos que lo establecido en el propio Estatuto del Empleado Público.

Otras aspectos que no han aparecido en ninguno de los documentos manejados constituyen para nosotros olvidos difícilmente explicables. Hablamos de la regulación de la jornada lectiva, en el marco de lo que denominamos tiempos escolares, o la reducción de jornada para mayores de 55 años, o la catalogación de enfermedades profesionales, o el cambio de puesto de trabajo por razones de salud, o la aplicación del plan concilia a los docentes o una nueva regulación del vetusto sistema de permisos y licencias. Otros temas en el capítulo de los olvidos serían la regulación de las incompatibilidades, la asistencia jurídica, o el reconocimiento de la autoridad en el ejercicio de la docencia.

La única novedad real que aporta el Borrador de Estatuto es la "carrera profesional", lo que conocemos como sistema de grados. Esta propuesta sustituiría a los actuales sexenios. Es el aspecto que quizás ha sufrido más variaciones a lo largo del proceso negociador. En el balance positivo anotamos el importante cambio desde la pura evaluación a la evaluación de actividades. Otros los son menos. En un principio se hablaba de 8 grados -finalmente 7- que se podían adquirir en un periodo variable de años que podría ir de 3 a 6, que han subido de 4 a 6. Según esto, el tiempo mínimo que propone el MEC para alcanzar el reconocimiento máximo en la carrera profesional ha pasado, de un mínimo 21 años para alcanzar el último grado de desarrollo profesional, a otro de 28 años, algo difícilmente de entender si queremos estimular a los más creativos y comprometidos. En cuanto a la validez del grado adquirido, siempre hemos planteado que tenga exclusivamente efectos económicos y que no vaya ligado a los puestos de trabajo. En este sentido el MEC tampoco se ha movido de su posición inicial. Otro aspecto vinculado estrechamente al anterior es la cantidad asignada a los distintos grados. La atribución económica también ha variado mucho desde los inicios, reduciéndose dichas cantidades drásticamente en las últimas propuestas del MEC. De esta forma si comparamos el sistema de sexenios con la propuesta última del MEC, el incremento económico sólo se produce a partir del 5º grado, que sería la misma para los grados 6º y 7º, igual a la del actual 4º sexenio. Si se pretende recompensar la dedicación, el esfuerzo y la promoción profesional hay que acompañarlo de una creciente aportación económica en los últimos años de la vida laboral de los docentes.

Finalmente no nos olvidamos del Complemento de Especial Dedicación, un acuerdo firmado y manifiestamente incumplido por la Administración que tiene la obligación de incluir en el Estatuto en los justos términos que está firmado. Hasta ahora, y esa ha sido la razón del rechazo de CSI-CSIF al Borrador de Decreto -non nato por otra parte-, la Administración ha hecho una interpretación torticera que no se ajusta al Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005.

Después de esto a nadie debe extrañar que en CSI-CSIF sentimos una profunda decepción porque el MEC haya dilapidado las esperanzas de muchos docentes, entre los que nos encontramos, ya que pensábamos que la Administración había comprendido, dada la difícil situación del sistema educativo español y de la desmotivación del profesorado -cifrada en el 49% según nuestra encuesta-, que nos encontrábamos en una situación muy difícil y que la herramienta que iba a utilizar como revulsivo para la dignificación de la educación y de la profesión docente era precisamente el Estatuto.

Terminada la legislatura sin acuerdo, procede a nuestro juicio la reflexión sobre lo que ha pasado y retomar la negociación con el nuevo equipo ministerial una vez celebradas las elecciones generales del próximo mes de marzo. Nuestra propuesta es que se parta de lo que ya estamos de acuerdo sindicatos y Administración, pues nos parecería una tremendo error, que tanto sean los mismos responsables, como sean nuevos, se tire por la borda más de un año de trabajo porque eso sería empezar de nuevo lo que podría dificultar mucho más el necesario acuerdo.