LA ESCUELA PÚBLICA MERECE ALGO MAS QUE LA LOE APROBADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El 15 de diciembre pasado ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Educación, con el apoyo del PSOE, CC, CiU, ERC y PNV, la abstención de BNG, CHA, Na-Bai y una parte de los diputados de IU, y con el voto en contra del PP.

El texto aprobado recoge sustancialmente el Dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Congreso. A tenor de lo ocurrido en el Congreso, y de la polarización de nuestra vida política, no parece que el texto aprobado vaya a sufrir modificaciones importantes, sin embargo, no debemos adelantar nada pues, por un lado, algún partido ha anunciado acuerdos de modificación con el PSOE, y por otro, cada día aparecen informaciones en los medios de comunicación de reformas al texto aprobado en el Congreso de los Diputados.

Ciertamente el texto recoge algunas de las históricas demandas de CSI-CSIF como la desaparición de la promoción automática, los existencia de itinerarios (aunque CSI-CSIF sigue pensando deberían estar en todo el segundo ciclo), la introducción de los exámenes extraordinarios (¿volveremos a ver cómo algunas consejerías cometen la insensatez de colocarlos en junio?), la clara fijación de los contenidos comunes en todo el Estado, la reducción a los 15 años para poder acceder a un programa de cualificación profesional inicial, el establecimiento de un horario de matemáticas igual en todo el territorio estatal, las medidas de atención a la diversidad, la introducción en el articulado de una memoria económica (a pesar que seguimos pensando mejor solución una Ley de Financiación), la introducción de la figura del mediador, y las mejoras de las condiciones sociolaborales del profesorado, relacionadas con el Acuerdo de mejora recientemente firmado por CSI-CSIF: prórroga de la jubilación a todo el periodo de implantación de la Ley, inclusión del profesorado perteneciente a Seguridad Social en la misma, acceso al Cuerpo de Catedráticos por concurso de méritos, mejora del acceso del grupo B al A y mejoras en relación con la convivencia en los centros.

Pero, si decíamos que la ley recoge algunas demandas históricas del profesorado, también anuncia negros nubarrones para la escuela publica. Y es que las excesivas demandas del sector de la enseñanza concertada, y la oportunidad que se le presentaba al Gobierno de romper el frente anti-LOE, le llevó a hacer tantas concesiones a la enseñanza concertada que han terminado por parecerse a las medidas que establecía la LOCE en esta materia y que fue tan criticada por CSI-CSIF

Y si no, veamos algunos botones de muestra. Se cambia el criterio de zona por el de "areas de influencia". Esto significa que se pasa de un área concreta a otra de dimensiones indeterminadas lo que dificultará el control de la escolarización. Se mantiene la concertación de la Educación Infantil (sin ser etapa obligatoria) que estableció la Ley de Calidad.

Ya no se constituyen las comisiones de escolarización como elementos de control del proceso con representación de todos los sectores de la comunidad educativa. Se "podrán" crear, aunque lo único obligatorio es cuando en un centro la demanda sea mayor que la oferta, y por tanto, limitadas a ese centro. Es decir el cambio va en la dirección de adecuarse a las presiones de la enseñanza concertada que no quiere ningún organismo de control. A esto se añade el derecho de presentar las solicitudes en los centros, lo que facilitará la "disuasión" que ejercen los titulares sobre determinados alumnos, así como avanzar en la ubicación de la matriculación fuera de los centros (ayuntamientos, juntas de distrito, etc ) que impide el ejercicio disuasorio tan hábilmente ejercido por los centros privados.

A esto hay que añadir otra modificación sustancial, la que reduce el tiempo de reserva de las plazas para alumnos con necesidades específicas al periodo de matriculación (antes no se especificaba la temporalidad) lo que significa que durante 345 días al año los alumnos con necesidades específicas se matricularán en la enseñanza pública y 20 días en todos. Esto va a desarrollar picarescas entre los centros concertados para tratar de "salvar" como sea el periodo obligatorio de reserva de plaza, ya que saben que después de este periodo quedan liberados de escolarizar a emigrantes, minorías étnicas, alumnos con necesidades educativas especiales, u otros colectivos que demanden escolarización en el periodo del fuera de plazo. Por otro lado, el incremento de las subvenciones a la enseñanza privada concertada, que se subirá un 3,1% rompe la tendencia de las últimas subidas de años anteriores que nunca habían pasado del 2%.

Este elenco de medidas que perjudican a la escuela pública se completan con la consideración de la educación como servicio público (algo que consideramos fundamental) pero que se puede prestar tanto desde los centros públicos como los concertados, algo que ni los más viejos del lugar esperaban ver escrito en una norma de la trascendencia de una ley general educativa. .

Junto a estas medidas, hay que añadir la disparatada recuperación de las ratios LOGSE, establecidas el año 1990 cuando la diversidad nada tenía que ver con la del 2005. Y si esto no parecía suficiente se comete la barbaridad de poder aumentarlas en un 10%. Otras medidas que, o han empeorado el proyecto o siguen sin aparecer a pesar de ser demandas del profesorado son, la posibilidad que tendrá el Consejo Escolar de rectificar las medidas de disciplina acordadas por el equipo directivo a petición de los padres. Esta modificación puede convertir en letra muerta todas las medidas que considerábamos adecuadas de actuación rápida en materia de disciplina y sumir en un mar de reclamaciones al director. Este no será elegido por el claustro como reclamamos desde hace años, se sigue con el bachillerato de dos años (el más corto de Europa) y no se han escuchado las demandas (con lo que está cayendo de necesidades de atención a la diversidad) de establecer los departamentos de orientación en los centros de Infantil y Primaria.

Por todo lo manifestado anteriormente, CSI-CSIF está en disposición de asegurar que con esta ley la diversidad del alumnado va a caer de nuevo sobre las espaldas de la escuela pública. Y, sinceramente, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. CSI-CSIF cree que, si la Ley sale del Senado como ha salido de Congreso, se va a certificar por mucho tiempo la concentración de la diversidad en las aulas de la enseñanza pública, y de ahí a convertirla en un gueto no hay más que un pequeño paso. Y no exageramos, pues la realidad nos dice que casi el 80% de los alumnos con necesidades específicas se escolarizan en la escuela pública, mientras la privada recibe cada vez mayores subvenciones. Desde luego no será por corresponsabilizarse en la escolarización, ni por ofrecer medidas transparentes en la gestión de sus centros, ni por tener más difícil el acceso a los conciertos.

Lo dicho, y con esto finalizamos, todavía estamos a tiempo modificar esta situación y hacer una ley para mejorar la enseñanza pública. Todavía queda el trámite del Senado para introducir las mejoras que apoyen a la escuela pública además, de con palabras bonitas, con hechos grabados en el boletín oficial, única manera de apoyar a la escuela pública, para que de verdad sea el eje vertebrador del sistema educativo español.

Eliseo Moreno

Presidente Sector Nacional Enseñanza CSI-CSIF