CSI-CSIF informa:

El juez, Joaquín María Orellana, impone un año y un mes de prisión por delito de atentado contra funcionario público, vieja reivindicación de CSI-CSIF para castigar a los padres y alumnos que se atrevan a agredirnos cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. El juez impone otros siete meses por las lesiones, y recuerda que no es el primer altercado de esta mujer, que en el pasado tuvo otros problemas con profesores.

Además, debe indemnizar a Ana Carolina G.M. con 2.268 euros por lesiones y 1.000 más por secuelas, y a Margarita B.C. 1.512 por lesiones y 2.000 por secuelas.

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