Beatriz Rabasa
Delegada de Prevención de CSI-CSIF
Miembro Comité Seguridad y Salud Laboral Docente de Valencia.

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN PROBLEMA ENQUISTADO EN EL TIEMPO.

Al amable lector que se sienta intrigado por el título de este artículo, debo, ante todo, confesarle la profunda frustración que, como Delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato CSI-CSIF, he sentido cuando, revisando un escrito sobre esta problemática, fechado hace ya más de un año, venía a evidenciar el incumplimiento sistemático por parte de nuestra Consellería de las exigencias derivadas de la flamante Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995. Dicho artículo de opinión ofrecía un título inquietante, pero, por lo que se ha constatado, un tanto ingenuo: El Servicio de Prevención: Otra asignatura pendiente de nuestra Consellería de Educación. Allí se repasaban las deficiencias de un Servicio de Prevención, constituido formalmente, pero carente de la plantilla imprescindible para asumir las múltiples funciones que impone la normativa vigente. Finalizábamos con una reflexión, un tanto esperanzadora, ya que confiábamos en que las autoridades educativas afrontarían con valentía el reto que supone el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia.

Pues bien, trascurrido un plazo, que consideramos más que prudente, para articular las medidas necesarias para la constitución efectiva de este fantasmagórico Servicio, podemos comprobar que sigue siendo una entelequia más que una realidad: Aunque la plantilla inicial se pactó hace ya cinco años, en estos momentos las plazas realmente cubiertas no superan el número de ocho.

Por este motivo, a nadie le puede extrañar que todos los Acuerdos alcanzados en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral, hace ya más de medio año, entre la administración y sindicatos, tras arduas e interminables negociaciones, estén totalmente paralizados, ya que su cumplimiento resulta del todo punto imposible. Y, siendo grave lo anterior, es decir la calamitosa situación del Servicio de Prevención, lo peor es que los referidos Acuerdos son de una trascendencia tal que, su inaplicación, tiene una incidencia muy negativa en el conjunto de las condiciones laborales de un colectivo que supera ya la cifra de los 50.000 docentes en nuestra Comunidad.

El problema no es pues baladí y cabe calificarlo de extremadamente preocupante. Un repaso de los asuntos que afectan a la Salud Laboral de los docentes y que no se están cumpliendo, simplemente por escasez de recursos económicos, permitirá al lector contar con elementos de juicio suficientes para juzgar si la afirmación anterior resulta desproporcionada.
En primer lugar, los objetivos del Plan Trienal de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales del Sector Docente, que contemplaba, entre otras muchas cuestiones, la evaluación inicial, en el presente curso, 2006/07, de los riesgos de al menos 1/3 de los Institutos con Formación Profesional, así como de 1/3 de los Centros de Educación Especial y la mitad de las Escuelas Infantiles, no se va a cumplir, pura y simplemente porque no existe personal que realice estas evaluaciones. Pensemos en las graves consecuencias que pueden derivarse de ello: Pensemos en la no evaluación de los riesgos de unos centros que presentan unas especiales características de peligrosidad, bien por los productos tóxicos y maquinaria con la que se trabaja, bien por las propias características del alumnado.
En segundo lugar, la elaboración de una campaña informativa, dirigida a los centros, para posibilitar que cuenten con Planes de Emergencia y Autoprotección Escolar eficientes ante una emergencia, va a seguir aparcada: El cumplimiento de esta obligación seguirá recayendo en los sufridos equipos directivos que son abandonados a su suerte, pero a quien se les exige que elaboren un documento no exento de ciertas complejidades para el que no sea especialista en la materia.
Y finalmente, para no alargar en exceso la enumeración, recordemos el compromiso, también incumplido, de poner en marcha, al inicio de este curso, un Plan Piloto de Coordinadores de Prevención en los centros educativos, o los compromisos adquiridos con relación a la Vigilancia de la Salud del profesorado -¿dónde están las revisiones médicas de las que disfrutan los restantes empleados públicos de la Generalitat? ¿El hecho de que seamos muchos justifica la ausencia de estas revisiones?-, o en una cuestión especialmente delicada, como es la adaptación y cambio de puesto de trabajo por motivos de seguridad y salud.

Ante todo ello, sólo nos resta exigir nuevamente de la Consellería de Educación, el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos en materia de Salud Laboral. No debemos olvidar que los problemas enquistados no remiten por sí solos y, por el contrario, ya que de temas de salud estamos hablando, tienden a agravarse y exigir, con el tiempo, medidas drásticas y más gravosas.