 05-09-2004 - CSI-CSIF denuncia la posible desaparición de los agentes judiciales CSI-CSIF ha tenido acceso a información sobre el diseño de la nueva oficina judicial, y asegura que en la propuesta que el Ministerio de Justicia hizo a las Comunidades Autónomas con traspasos de gestión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, en la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio, a la que asistieron el Ministro de Justicia y los Consejeros responsables de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, desaparecen de las nuevas unidades de apoyo directo, que sustituyen a los actuales juzgados y secciones, los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, (hasta ahora agentes judiciales).
Ignora si esta medida ya es conocida por otros sindicatos que no la han criticado públicamente, pero resulta de extrema gravedad al afectar a un colectivo de seis mil funcionarios en todo el Estado y no es compartida por Csi-Csif, porque supone la supresión en un futuro de los distintos nuevos órganos judiciales de unos funcionarios imprescindibles para el normal desenvolvimiento de cada órgano, porque su supresión sobrecargará de trabajo al resto de funcionarios que tendrán que asumir nuevas tareas y cometidos, y porque en definitiva vulnera el derecho de esos funcionarios a la plaza obtenida regladamente mediante concurso de traslado, debiendo someterse obligatoriamente en su caso a la movilidad forzosa, es decir a una reordenación de carácter forzoso, en el supuesto de que se mantengan todos los puestos de trabajo aunque fuera ahora en los nuevos servicios comunes, que entiende es el centro de trabajo al que ahora se les quiere exclusivamente destinar, a la vista de la propuesta del Ministerio de Justicia entregada a las CC AA con competencias en materia de Justicia en la citada Conferencia Sectorial.
CSI-CSIF exige que se cumpla la Ley y antes de acordarse nada con nadie se convoque urgentemente la mesa sectorial de negociación del ministerio de justicia, a fin de evitar una proceso de pseudo-negociación con las cartas marcadas por compromisos anteriores con Comunidades Autónomas, que suelen cercenar los derechos de los funcionarios y anteponer al ejercicio del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos sobre sus condiciones de trabajo. En definitiva CSI-CSIF vuelve a proponer diálogo, negociación y consenso con los funcionarios judiciales, y no imposiciones con la excusa de compromisos previamente adquiridos.
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