Siete sentencias favorables a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han revocado 288 nombramientos de la Junta en cinco consejerías. Los litigios se iniciaron en el 2002 y en el último de ellos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado 24 cargos del Sacyl. La piedra en la que una y otra vez tropieza la Junta es en la designación de personal de la Administración regional por la vía de la manga ancha de la libre elección. La ley ampara la facultad de las consejerías de nombrar a responsables para 'puestos de confianza'. La discordia está en la ambigüedad del término, que ha hecho que el Gobierno regional extienda los límites de la interpretación a zonas que no la cumplen. Y los funcionarios, que han ganado su plaza con el esfuerzo de una oposición, han recurrido a los tribunales para que sean estos los que pongan fronteras legales a las imprecisiones lingüísticas de la Junta. Los reiterados fallos permiten suponer que los políticos o no consultan a sus asesores legales o están convencidos de la rectitud de su decisión. Sea cual sea la causa, los dictámenes judiciales claman por un buen asesoramiento técnico que evite la imagen de arbitrariedad que da el Ejecutivo al disponer de unos puestos por los que muchos ciudadanos opositaron con innegable esfuerzo.