
NOTA DE PRENSA DE CSI-CSIF SOBRE LA AGRESIÓN A UNA PROFESORAEN UN INSTITUTO DE LEÓN 
El pasado jueves, un alumno de un centro educativo de nuestra provincia agredía violentamente a una profesora. Conocedores de su entorno como nadie, desde el equipo directivo y desde el claustro de profesores se trató el tema con urgencia, comprensión y cautela, algo que es aún más entendible en un centro educativo que ha recibido varios premios por sus programas de intervención educativa para mejorar la convivencia.
Con frecuencia, para minimizar el impacto de estos sucesos, se habla desde la Administración de sucesos aislados, y los docentes no nos lo creemos, sobre todo porque sabemos que no siempre se hace lo posible desde la Administración para poner remedio a los males que se apoderan del sistema. Pero en este caso concreto y en este centro concreto, todos sabemos que es en verdad un caso aislado, provocado no por un clima escolar enrarecido sino por problemas de salud de un escolar concreto y único.
El suceso es, sin duda, grave: cualquier agresión lo es, y es aún más grave cuando el afectado es un profesional de la enseñanza mientras desempeña su labor educadora, y, se trate o no de un hecho aislado, la única salida es que la Administración actúe de forma seria y disponga de los medios necesarios para escolarizar a todo el alumnado de acuerdo con sus necesidades reales.
A pesar de su gravedad, sin embargo, el claustro de profesores había decidido gestionar el suceso con la debida prudencia. Pero todo se fue al traste cuando, sin contar con el profesorado del centro, el sindicato ASPES (sindicalmente desaparecido tras entregar sus delegados a USCAL la primavera pasada) apareció en el centro rodeado de cámaras y periodistas ávidos de noticias sensacionalistas. Desgraciadamente, en este caso la búsqueda de la fama (léase votos, en este caso) ha venido a trastocar los planes de toda la comunidad educativa, y medios de comunicación nacionales se han interesado ya por el tema. En un rebote esperado en el absurdo de nuestra sociedad actual, el padre del alumno sale a la palestra culpando a la profesora, porque sólo lleva cuatro días impartiendo clase en el centro y porque no cuenta con la preparación adecuada.
La desgraciada víctima de una agresión se convierte ahora en el objeto de las acusaciones del padre, porque en el fondo es también la víctima del sistema: el padre, que persiste en escolarizar a su hijo en este centro, exige de todo el profesorado del mismo una preparación específica para atender su casuística específica; por extensión, todo el profesorado debería estar debidamente preparado para atender todos los casos posibles que pueda presentar todo el alumnado de nuestra Comunidad, a parte, claro está, de formarlo en las cuestiones más específicas de cada materia. Mientras tanto, la Administración mantiene la ratio –legal- de 30 alumnos por aula en Educación Secundaria Obligatoria y dota pobremente a los centros de profesores especialistas en Educación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, haciendo recaer directamente toda la responsabilidad sobre el profesorado.
En el medio de esta encrucijada, y con el interés de mantener el debate dentro de sus límites debidos, desde CSI-CSIF abogamos por no entorpecer las actuaciones del claustro de profesores y del equipo directivo del centro, mientras exigimos a la Administración que lleve a cabo una escolarización adecuada de todo el alumnado de la Comunidad, que dote a todos los centros docentes de profesorado especialista suficiente para atender correctamente todas las necesidades de los alumnos y que asegure al profesorado un clima de trabajo adecuado para desempeñar su importante labor educativa. En este caso concreto, además, debe asegurar a la profesora agredida el asesoramiento y la protección jurídica necesarios a la experiencia que como víctima está viviendo.
Hipólito-B. Riesco Alvarez Vicepresidente CSI-CSIF Sector de Enseñanza Castilla y León.