VARIAS SENTENCIAS GANADAS POR CSI-CSIF CALIFICAN LAS AGRESIONES AL PROFESORADO COMO DELITO DE ATENTADO. 
La Fiscalía de Cataluña ordena tipificar como atentado las agresiones a maestros y médicos. 15/11/2006
Fuente: Agencia EFE Sección: Educación Categoría: Violencia
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ha ordenado a los fiscales que endurezcan la protección penal de maestros y médicos tipificando como atentado, con penas de hasta cuatro años cárcel, las agresiones a los profesionales de la enseñanza y de la sanidad. En una instrucción interna difundida hoy por el fiscal, Mena recuerda que existe suficiente jurisprudencia para "otorgar un sólido amparo jurídico-penal mediante el artículo 550 del Código Penal a los profesionales de la enseñanza pública y la sanidad pública que sean agredidos en el desempeño de su función pública o como consecuencia directa de ella".
El fiscal-jefe ordena a sus fiscales que cuiden "en cada caso concreto, de analizar los supuestos de hecho para precisar la circunstancia del desempeño efectivo de la función pública docente o sanitaria" y que apliquen el tipo penal del delito de atentado descrito en el artículo 550 y 551 del Código Penal.
Estos artículos castigan con penas de prisión de uno a tres años "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas" y de dos a cuatro años de prisión si se considera que el atentado es contra la autoridad. La instrucción pretende "proteger penalmente a los profesionales que, en el desempeño de su función pública, personifican y garantizan el disfrute efectivo, por todos los ciudadanos, del derecho a la educación o a la salud".
El fiscal considera "esenciales" las funciones que desempeñan en la sociedad los maestros y los facultativos y personal de enfermería y basa su petición en el artículo 10.1 de la Constitución, que establece que "el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". "Entre los derechos merecedores de tal respeto, algunos son objeto de relevante atención expresa de la Constitución, y, entre ellos, merecen destacarse el derecho a la educación (artículo 27) y a la salud (artículo 43)", añade el fiscal en su instrucción.
Según Mena, "las agresiones a estos profesionales significan, además del menoscabo de su integridad física y moral, la perturbación de la función pública que ejercen, cercenando con ello el mandato del artículo 10 de la Constitución y entorpeciendo el efectivo disfrute de los derechos consagrados en los artículos 27 y 43". "Por todas estas razones -añade Mena- las agresiones a los profesionales que ejercen las funciones públicas de la educación o la sanidad merecen la más severa perspectiva jurídico-penal, en defensa de bienes jurídicos, no sólo individuales sino también colectivos, de esencial importancia constitucional".
En su instrucción, el fiscal-jefe desgrana varias sentencias del Tribunal Supremo y de diferentes Audiencias provinciales cuya jurisprudencia equiparó a profesores con funcionarios públicos. Como ejemplo, el fiscal señala una sentencia del TS de 1991, "que no dudó en considerar funcionario público a un catedrático de universidad agredido tras un examen por un estudiante suspendido".
Igualmente, una sentencia de 27 de noviembre de 1995 de la Audiencia Provincial de Murcia consideró atentado la agresión a un director de colegio público por el padre de un alumno cuyas pretensiones no fueron atendidas por aquel.
Otra sentencia del TS, de 20 de mayo de 1993, basándose en otra de 15 de noviembre de 1973, estima que un médico de la seguridad social es funcionario público, así como los enfermeros, "a los efectos de su protección penal", según José María Mena.
La instrucción ha sido difundida después de que el pasado miércoles unos 800 profesores se manifestaron contra las agresiones a los maestros en una protesta convocada por el CEIP Eduard Marquina de Barcelona, donde el padre de un alumno dio un cabezazo a un profesor e insultó al equipo directivo, al conserje y a los maestros cuando exigía que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
Conde-Pumpido apoya castigar con cárcel la agresión a maestros
El PP pide una ley integral para tratar los conflictos en las aulas
EL PAÍS - Sociedad - 16-11-2006
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apostó ayer por considerar como atentado las agresiones graves a maestros y médicos, como ha propuesto la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña. También el Partido Popular, "muy preocupado" por el acoso y la violencia en las aulas, pidió al Ejecutivo que elabore una ley integral para abordar este problema.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apoyó ayer el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de considerar como atentado contra funcionario público, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, las agresiones a maestros y médicos para "reforzar la seguridad" del profesorado y de quienes son "indebidamente agredidos".
Los artículos 550 y 551 del Código Penal, que recogen el delito de atentado, castigan con penas de prisión a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Dificultades jurídicas
Conde-Pumpido precisó que la aplicación de este artículo, tal y como está redactado, a maestros y médicos, comporta dificultades técnico-jurídicas, por lo que insistió en que se trata de una posibilidad legal que debe utilizarse sólo en los casos en los que se den situaciones de gravedad.
Recordó que la Fiscalía General del Estado ya dictó en el ámbito escolar una instrucción para proteger a los menores de los abusos de sus compañeros y para reforzar la seguridad de los profesores. Por su parte, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ya ha dado instrucciones a sus subordinados de que acusen de "atentado" a los menores que agredan a sus profesores.
Al mismo asunto se refirió también el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, quien recordó que la Fiscalía andaluza lleva ya tiempo considerando la posibilidad de aplicar el artículo 550 a situaciones de agresión o intimidación graves a funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. García Calderón propone analizar este precepto en la Junta de Fiscales Jefe de Andalucía para remitir el acuerdo al Fiscal General del Estado.
Por otra parte, las situaciones de agresiones y otras formas de violencia en las que se ven involucrados los menores llevó ayer a la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, a plantear la posibilidad de modificar el Código Penal para tipificar como delito el acoso escolar. Así lo estudian las comunidades gobernadas por el PP. Ana Pastor mantuvo ayer una reunión con los consejeros de Educación de las comunidades donde gobiernan.
Desde el PP aseguraron estar "muy preocupados" por el acoso y la violencia en las aulas y pidieron al Ejecutivo que elabore una Ley Integral al entender que la Ley de Educación del Gobierno socialista no ha avanzado en "la promoción de la convivencia y la prevención del acoso escolar".
Los casos de violencia escolar, aunque graves, no están en absoluto generalizados, tal y como afirman los expertos que estudian esta cuestión. La federación de directivos de institutos también han criticado el tratamiento que algunos medios dan a estos incidentes y alertan de que pueden ser conductas que sean imitadas por los adolescentes si se insiste sobre ellas. Los directores de instituto opinan que en los centros escolares se suele convivir mejor que en los barrios en los que se ubican.
Trabajo coordinado
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, apostó por hacer un trabajo coordinado entre la Administración central y autonómicas para hacer frente al problema de la violencia en las aulas. Y recordó que el ministerio y las comunidades autónomas ya han acordado un plan de mejora de la convivencia de los centros y un replanteamiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Cree que la convivencia en las escuelas se puede abordar con la nueva y polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha incluido el PSOE en su nueva ley de Educación.
