El pasado 23 de noviembre de 2005, la Agencia Tributaria presentó a los representantes sindicales una propuesta de reorganización de las Administraciones ante la cual este sindicato quiere ofrecer su visión.
Los argumentos esgrimidos por la Administración son, resumidamente: una distribución actual obsoleta, pues responde a criterios de hace mas de veinte años, la implantación de las nuevas tecnologías con prestación de numerosos servicios por vía telemática y la amplia oferta de servicios de asistencia e información al contribuyente( envío de datos fiscales, borrador de la declaración del IRPF , programas de ayuda… ) que han permitido evitar al contribuyente desplazamientos a nuestras oficinas; todo ello unido a la mejora, conforme la opinión de la Administración, de las vías de comunicación, hace que el criterio de “acercamiento al contribuyente” pueda entenderse en un sentido mas amplio que la mera proximidad física.
Pues bien, este sindicato, CSI-CSIF, entiende que a partir de la entrada en vigor de la reorganización, los residentes en las capitales de provincias podrán seguir resolviendo sus asuntos cómodamente, pero los que viven lejos de ellas tendrán que recorrer cientos de kilómetros, abandonando sus ocupaciones durante horas. El contribuyente afectado abarca todas las actividades: desde personas físicas , trabajadores por cuenta ajena que deberán desplazarse mas lejos de lo habitual con la consiguiente ausencia de su trabajo, hasta empresarios y profesionales pertenecientes en muchos casos a la pequeña y mediana empresa, acostumbrados a autogestionarse, a los que la medida que pretenden llevar a cabo les supondría una mayor presión fiscal indirecta ( no solo tienen que cumplir sus obligaciones si no que además no se les facilitan los medios ), teniendo que recurrir a asesores y gestores que tendrán que aumentar sus honorarios debido a los desplazamientos.
Desde la óptica de la cohesión territorial, la supresión de un servicio tan estrechamente vinculado con la actividad empresarial de una zona, repercutirá negativamente en su desarrollo social y económico. Alejar los servicios, complicar la gestión de las empresas e incrementar sus costes, constituye una agresión inexplicable a las perspectivas de desarrollo de las comarcas afectadas. Ejercer una actividad empresarial, o simplemente, residir lejos de las capitales de provincia, va a suponer un obstáculo para el desarrollo del tejido social y económico si la Agencia Tributaria lleva a término medidas que, como ésta, constituyen un claro desprecio a las normas básicas de igualdad entre los ciudadanos y de equilibrio territorial en la prestación de los servicios.
Implicaría además, un traslado de funcionarios a las Delegaciones o Administraciones de cabecera, adaptación de aplicaciones informáticas, necesidad de adaptaciones para la ubicación de personal e, incluso la adquisición o construcción de inmuebles, con el consiguiente coste que ello implica, a pesar que los dirigentes de la Agencia Tributaria lo vienen negando con menor o mayor contundencia.
Dos son los pilares en los que, para CSI-CSIF, debe girar la reforma de las Administraciones: el acercamiento de la administración al ciudadano y la reorientación de los métodos de control del fraude fiscal. Respecto del primero esta Central Sindical entiende que nada justifica la discriminación de unos ciudadanos respecto de otros, ni pretender privar a determinados colectivos y zonas geográficas de unos servicios de los que hasta ahora venía disponiendo. Las Administraciones deben potenciarse como unidades integrales de actuación tributaria, atendiendo siempre a criterios de racionalidad organizativa. Respecto del segundo pilar esencial, el papel de las actuales oficinas de la AEAT es fundamental en la lucha contra el fraude fiscal extensivo. Su cercanía a la realidad económica, no ubicada en las grandes ciudades, constituye un activo del que no solo no debe prescindirse, sino que debe potenciarse mediante una ampliación conveniente de las plantillas e incluso una ampliación del número de Administraciones, atendiendo a las particularidades económicas de las distintas zonas del país.
Por si las razones anteriormente expuestas no fueran suficiente las cifras son concluyentes: en las provincias afectadas que son Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora, las administraciones que van a verse reformadas, abarcan un total de 699 municipios, con una población de 507.686 y con un número de contribuyentes con actividades económicas de 78.871.
Con todo ello, CSI-CSIF se opone totalmente a la reforma planteada por la Administración, buscando la potenciación de las actuales oficinas de atención, aumentando sus competencias y funciones y dotándolas de todos los medios que sean precisos para ello.
