F.A.F., La Laguna

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que representa a los diez trabajadores que se personaron en el juicio contra el Ayuntamiento de La Laguna por haber sido despedidos el pasado enero, cifró en 641.000 euros la cantidad que la administración municipal tendrá que abonar a los afectados como indemnización por la improcedencia de su despido, hecho reconocido por la propia corporación y dictado por el juez en la sentencia emitida hace escasos días. De esta cuantía, los 10 trabajadores percibirán 382.000 euros de forma directa, mientras que los 259.000 euros restantes irán destinados a cubrir los pagos a la Seguridad Social.

El letrado que representa al CSIF y a los trabajadores, Francisco Perera, aseguró que el abogado de la corporación reconoció, "antes de iniciar el juicio, la improcedencia del despido para evitar que sacáramos a la luz toda la documentación y que el juez la viera". En este sentido, cabe señalar que el ayuntamiento niega desde hace cinco meses cualquier vínculo laboral con estas personas. Sin embargo, durante todo este tiempo han permanecido dados de alta en la Seguridad Social. De hecho, aún hoy la corporación no ha procedido a darlos de baja, evitando de esta forma que pudieran acogerse a la prestación por desempleo o a cualquier tipo de ayudas sociales.

En relación a las actuaciones del ayuntamiento en materia de personal, el presidente del Sector Autonómico del CSIF, Javier Galván, afirmó que "estimamos que hay indicios suficientes para iniciar un procedimiento penal contra la corporación, y estamos trabajando en aras de poner en manos de la Fiscalía toda la documentación necesaria".

Nulidad o improcedencia.- Aunque en un primer momento la decisión del magistrado de declarar el despido como improcedente podría hacer pensar que el ayuntamiento habría logrado su objetivo, los miembros del CSIF negaron este alcance al explicar que "si el juez hubiera declarado el despido nulo, los trabajadores no habrían recibido la indemnización y, aunque habrían vuelto a su puesto de trabajo, podrían haber sido despedidos meses después, toda vez que el consistorio hubiera sacado a convocatoria pública sus plazas".

A pesar de ello, Perera reconoció que los afectados se reunieron con el concejal de Personal, Miguel Ángel González, para ofrecerle la posibilidad de renunciar a la nueva reclamación que harán a cambio de una readmisión en sus puestos de trabajo, algo a lo que dicho edil se negó.

Por otro lado, Galván quiso destacar el gasto que tendrá que afrontar el ayuntamiento, los 641.000 (que podrían aumentarse a 1 millón si su recurso prospera), en una época de crisis económica y que "podrían haberse ahorrado si hubieran regularizado su situación en su momento".

Malestar sindical.- Javier Galván también se hizo eco de las palabras realizadas a este medio por parte de CCOO, asegurando que los trabajadores habían estado mal asesorados. En este sentido, Galván aseguró que "en ningún momento se ofreció a los trabajadores un contrato".

Este sindicalista aseguró que CCOO había "permitido la proliferación de los contratos en fraude de ley y la cesión ilegal de trabajadores que se da en el ayuntamiento. CCOO nos atacó sin justificación por denunciar irregularidades en la convocatoria pública de una plaza en la corporación", dijo Galván.