Santa Cruz


Los funcionarios de las prisiones canarias siguen en pie de guerra. Primero fueron sus reivindicaciones sobre la saturación de los centros penitenciarios y la precariedad laboral, una protesta que incluso los llevó a protagonizar un amago de encierro en ’Tenerife II’. Ahora, el motivo de sus críticas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias deriva de la reciente adjudicación del nuevo escalafón de las extinguidas escalas masculinas y femenina del Cuerpo de Ayudantes.

En este sentido, miembros de todas las formaciones sindicales con representación en la cárcel tinerfeña, mostraron públicamente su desacuerdo con el citado listado de adjudicaciones (800 en total, de las cuales 600 eran para la escala masculina y 200 para la femenina), ya que según ellos se ha vulnerado el principio de igualdad de trato y se ha cortado la carrera profesional de muchas mujeres funcionarias.

Según explicaron en rueda de prensa los delegados de CSI-CSIF, CC.OO., UGT, Intersindical Canaria, ACAIP y USO, el pasado 7 de marzo recibieron en los centros de trabajo el listado de adjudicaciones del nuevo escalafón, que unifica las escalas masculinas y femeninas. Para dicha fusión se han aplicado dos criterios básicos: en primer lugar, la ordenación por las distintas promociones según las ofertas de empleo públicas, iniciándose desde la oferta de 1977, año de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. En segundo lugar, dentro de cada oferta de empleo se ha ordenado según la mayor puntuación definitiva obtenida en el proceso selectivo correspondiente. Sin embargo, para los sindicatos, el segundo de estos criterios, aparentemente neutro, supone una clara situación de discriminación, ya que hasta ahora las diferencias entre los dos grupos de aspirantes en la realización de las pruebas habían provocado que un hombre necesitase menos puntuación que una mujer y que el baremo sea más exigente para éstas. "Al unificar los grupos de aspirantes con dos baremos diferentes se quiebra el principio de igualdad en el mérito para el ingreso en la Administración", subrayaron los miembros sindicales. De hecho, "utilizar la nota sin tener en cuenta la forma en que se obtuvo la misma da lugar a una situación clara de discriminación indirecta, puesto que las mujeres partían de una exigencia de aciertos en el segundo ejercicio de los dos propuestos bastante superior a los hombres", añaden.

Esta circunstancia, recordaron los sindicatos, es una desventaja "claramente inconstitucional", "que les afectará tanto en su primer destino como de carrera, así como en los sucesivos concursos de traslados". "No se puede establecer un escalafón único sin tener en cuenta el total de los puntos obtenidos en los exámenes", destacó Bernardo Fernández, representante provincial de CSI-CSIF. "Se trata de un tema de estricta justicia, porque a las mujeres no se les puede exigir un mayor número de respuestas", incidió Fernández, quien reconoció que la primera reclamación administrativa que se ha formulado todavía no ha encontrado respuesta.



Medidas de presión

Por eso, todas las fuerzas sindicales con representación en las cárceles canarias no dudarán en acudir a los tribunales para resolver el problema. Así, la decisión de la Junta de Personal del centro tinerfeño se ha trasladado al resto de juntas del Estado, y el caso también se ha puesto en conocimiento del Instituto de la Mujer y el Defensor del Pueblo. Como última instancia, y si prosigue la negativa de la Dirección General a variar su resolución, los sindicatos convocarán una concentración de protesta en Madrid, secundada por todos los sindicatos con representación en las cárceles españolas.

"Lo único que pretendemos es que para un mismo puesto de trabajo todos, hombres y mujeres, podamos optar en igualdad de condiciones", expusieron las representantes sindicales de Intersindical Canaria y UGT.



La masificación sigue sin solución