Agencias
Santa Cruz


Los 2.238 funcionarios de Justicia de Canarias decidirán antes del próximo martes las movilizaciones que secundarán ante el "hartazgo" que sienten por la "vulneración de la legalidad" en la que incurre la Administración al no cumplir los acuerdos suscritos con los sindicatos que supusieron el fin de la huelga de 2006.

Así lo denunciaron ayer en una rueda de prensa los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia (STAJ, Cobas, IC, CSI-CSIF, CC.OO y UGT), que abandonaron la reunión que este órgano celebró el miércoles "tras una hora de desencuentro" con los representantes de la Administración regional y como muestra de rechazo a "la reiterada falta de respeto y las malas políticas de gestión" que se desarrollan desde 2005.

Los sindicatos de Justicia abandonaron la reunión de este órgano para denunciar los incumplimientos y la "tomadura de pelo" del Gobierno de Canarias sobre los acuerdos adoptados en 2006. La falta de estabilidad, el ajuste de las plantillas al incremento del volumen de trabajo y la creación de nuevos órganos judiciales son las principales reivindicaciones de este colectivo, que denuncian la sobrecarga de trabajo que sufren por la falta de medios, ante la "desidia e incumplimiento" de la Consejería. Los sindicatos afirmaron que la Administración "está cayendo en lo mismo" que hace dos años, cuando se produjeron las movilizaciones que dieron lugar al acuerdo, pese a que ya entonces estaba al frente de la Consejería José Miguel Ruano, que revalidó su cargo como consejero tras las elecciones, y las negociaciones fueron desarrolladas con la actual directora general de Justicia del Ejecutivo regional, Rosa Rubio. Gregorio Pérez (UGT) insistió ayer en la falta de medios para afrontar la sobrecarga de trabajo que se da en los juzgados y apuntó que la normativa contempla la posibilidad de afrontar un incremento anual de plantilla del 5%, pero la Consejería no está dispuesta a afrontar este proceso, pese a que fue uno de los acuerdos adoptados a finales de 2007.

Otra de las denuncias realizadas de forma "unánime" por los sindicatos es la falta de acuerdos en determinados órganos como los juzgados de instrucción, donde aumentan las vistas y los trámites y sólo se cuenta con un agente judicial, mientras que en 2006 se negoció que debía haber dos en cada juzgado. Una situación similar se da en el Registro Civil, donde aumenta la sobrecarga de trabajo y las quejas de los usuarios por los retrasos en los trámites.

La Consejería.

Por su parte, la Consejería de Justicia garantizó ayer en una nota el "cumplimiento íntegro" de las condiciones alcanzadas en 2006 con los sindicatos del sector. Ante la "amenaza de movilizaciones", la Consejería aseguró que "los acuerdos se están cumpliendo de manera progresiva", al tiempo que afirma no entender "por qué los sindicatos se levantaron" de la reunión de la Mesa Sectorial de Justicia convocada el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Según la Consejería, "precisamente en esa reunión se iba a abordar, entre otros asuntos, el grado de cumplimiento" de dichos acuerdos pero el "abandono de la Mesa" por parte de los sindicatos "no dio opción a realizar análisis alguno" sobre los mismos.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias afirmó que "mantiene su absoluta disposición al diálogo, tal como ha venido haciendo hasta ahora", por lo que invitó a los sindicatos "a continuar con las negociaciones sobre los aspectos que afectan al sector".