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Francisco Perera, abogado; César Martínez Araque, Presidente Provicnial y Javier Galván, Presidente Autonomía.
Una vez presentadas las reclamaciones, el ayuntamiento dispondrá de un mes para responder; si no lo hace, habrá lugar al silencio administrativo y entonces los afectados procederán a realizar la demanda por despido nulo. El Csif solicitará el lunes que se explique con qué tipo de vínculo contractual se cubrieron las vacantes.
F.A. FERRER, La Laguna
El caso de los 11 trabajadores despedidos por el Ayuntamiento de La Laguna, aunque éste lo considera como un "cese de una asistencia técnica", dará hoy un nuevo paso hacia su resolución por cauces judiciales. El presidente del Sector Autonómico del Csif, Javier Galván, aseguró ayer a EL DÍA que el abogado de los trabajadores presentará mañana (por hoy) a la alcaldesa las reclamaciones previas a la vía judicial en el ejercicio de las acciones laborales como consecuencia de los despidos".
Tras este trámite, la corporación lagunera tendrá un mes de plazo para responder a la reclamación, aunque lo más probable es que se acojan al silencio administrativo. De esta forma, el siguiente paso que dará el abogado de los afectados será interponer la correspondiente demanda ante el juzgado de lo social por "despido nulo subsidiariamente improcedente".
Por otro lado, el presidente del Sector Autonómico del Csif explicó que "el lunes solicitará al consistorio que explique con qué tipo de vínculo contractual se han cubierto las plazas de los trabajadores despedidos". "Si han contratado a alguien en las mismas condiciones que los despedidos están cometiendo nuevas irregularidades; en esta ocasión tienen que hacerlo conforme a derecho, si no interpondremos la renuncia correspondiente", añadió Galván.
Reunión con la alcaldesa.- El pasado lunes Javier Galván y Francisco Perera, abogado de los afectados, mantuvieron una reunión informativa con la alcaldesa, Ana Oramas, y el primer teniente de alcalde, Fernando Clavijo, para intentar acercar posturas en este conflicto. Si bien agradeció la deferencia de la alcaldesa al recibirles, Galván aseguró que Ana Oramas "cubrió" en todo momento la gestión realizada por sus concejales delegados de Personal y Servicios Sociales, pues es ella "la responsable de hacer y resolver los contratos" de los empleados municipales.
Así las cosas, no hubo tal acercamiento de posturas. La alcaldesa excusó el despido de los trabajadores como consecuencia de unos informes negativos que desaconsejaban la regularización y los representantes de los afectados adujeron que "no se está discutiendo si los afectados son galgos o podencos (autónomos o indefinidos), sino el fraude de ley cometido porque la realidad es la que es".
Certificado de vida laboral.- A día de hoy, la situación de los trabajadores despedidos es de indefinición, ya que al estar inscritos en la seguridad social no pueden cobrar el paro ni recibir cualquier tipo de ayudas de los servicios sociales. El presidente del Sector Autonómico del Csif aseguró que "si se pide un certificado de vida laboral de cualquiera de ellos se podrá ver que los 11 están dados de alta como personal indefinido del ayuntamiento".
De hecho, la Inspección de Trabajo acudió a comprobar in situ la situación laboral de los empleados para atestiguar si éstos realizaban tareas propias del personal municipal, algo que quedó reflejado en el acta que dicho organismo levantó y en la que se especificaba que la corporación había cometido una infracción "grave" al contratar en fraude de ley a los trabajadores.
