La violencia y la indisciplina están presentes en la enseñanza en España y aún no se ha analizado a fondo su etiología ni se han aportado soluciones, a pesar de los atentados que con toda impunidad están sufriendo alumnos y profesores contra su dignidad personal y profesional.
En cuanto a su causa, se habla de entorno social, de problemas de desarraigo, de movimientos de población con las inmigraciones, inmadurez o madurez inadecuada de los alumnos, desmotivados por estar escolarizados en unos niveles educativos que no se corresponden con su preparación, permisividad de la sociedad y de los propios centros, medios de comunicación que sistemáticamente transmiten programas con mensajes de violencia, etc.
Indudablemente sin erradicar estas lacras no puede impartirse una enseñanza de calidad. Las dificultades del profesorado han aumentado, a las numerosas funciones asignadas tradicionalmente hay que añadir otras que antes dependían directamente de la familia y que ésta ha delegado en los profesores. De una interrelación entre la familia y el sistema educativo, se ha pasado, en muchos casos, a la "dimisión" de la familia como agente educador.
A la enseñanza se le exige que prevenga y solucione todos los problemas que aquejan a la sociedad. De ser un instrumento básico cuya única finalidad era preparar para la vida, se ha pasado a otro que solucione todos los problemas sociales, esperándose del profesor que sea una especie de superhombre que pueda con todo, y además sin respaldo de nadie. Debemos educar para la paz, para la sexualidad, para la prevención contra la droga, contra los embarazos no deseados, para la solidaridad, para los valores patrióticos, para la felicidad, contra el botellón, etc. Tarea difícil de cumplir por el profesorado, máxime si tenemos en cuenta que en términos generales se siente agredido por la sociedad y por el propio sistema.
Tristemente nos estamos acostumbrando a convivir con noticias, cada vez más frecuentes, relacionadas con actos protagonizados por alumnos (violentos en muchos casos) que atentan gravemente contra la convivencia en los centros educativos.
Aunque los conflictos más frecuentes son los relacionados con insultos y descalificaciones, no faltan amenazas e intimidaciones, cuando no agresiones físicas y psíquicas.
Los profesores no podemos ejercer nuestra labor profesional en plenitud si todas las partes implicadas en el proceso educativo no toman conciencia de un grave problema social que los jóvenes trasladan a los centros educativos: los actos de indisciplina y de violencia escolar.
La convivencia en nuestros centros educativos se hace cada vez más difícil, si no imposible. Algunos alumnos no están dispuestos a responsabilizarse de nada, y ven en el profesor al representante de la Ley en el centro, por lo que lo consideran como su enemigo natural, por sistema.
Las causas que provocan esta situación son más fáciles de identificar que las soluciones, pues lamentablemente éstas no dependen, en muchos casos, de los profesionales de la enseñanza ni de las medidas aisladas que se adopten dentro del centro escolar. Los aspectos que a continuación se relacionan sin considerarlos como generalizados, pero si como frecuentes, son algunos de los que afectan de forma importante en el deterioro de la vida en los centros educativos:
- El entorno social: pérdida de valores sociales (respeto, solidaridad, tolerancia, etc).
- El entorno educativo: indisciplina en las aulas, falta de respeto al profesor, falta de motivación, etc.
- El entrono familiar: deficiente educación familiar, permisividad de las familias, pérdida de autoridad de padres y madres, escasa implicación de éstos en la formación y educación de sus hijos, etc.
- Motivos individuales y personales: carácter violento, inmadurez personal, consumo de drogas, complejo de superioridad, etc.
Entre las propuestas que CSI-CSIF ha presentado al Ministerio destacan:
- Potenciación de la acción tutorial, para lo que entre otras actuaciones se aumentarán las horas lectivas de reducción y se establecerán planes específicos de formación.
- Refuerzo de los Departamentos de Orientación incrementando su dotación de personal e incluyendo profesorado de educación compensatoria y trabajadores sociales.
- Creación de estructuras específicas de mediación escolar en los centros educativos.
- Reducción de las ratios. Las actuales ratios fueron establecidas en 1990 –ahora incluso se pueden incrementar un 10%- cuando la diversidad del alumnado era radicalmente distinta que la actual.
- Medidas organizativas: elaboración de Planes de Convivencia en cada Centro; establecimientos de Apoyos como aspecto fundamental de la lucha contra la marginación; actuaciones mucho más eficaces de atención a la diversidad...
- Reconocimiento de la autoridad del docente y dignificación de su función. La Administración defenderá al profesorado en el ejercicio de su profesión.
- Establecimiento de un Protocolo de actuación ante agresiones al profesorado. En dicho Protocolo, que será negociado en la Mesa Sectorial, se establecerá entre otras las siguientes actuaciones:
La Administración pondrá automáticamente su servicio jurídico a disposición del afectado.
Informe médico en caso de que la agresión sea física.
La Administración actuará como acusación particular en los casos de agresión.
La Administración pondrá a disposición del profesor agredido un servicio psicológico, si fuera necesario.
Crear fórmulas que permitan el reingreso en el trabajo de la forma menos traumática.
- Implantar, en el ámbito de cada Comunidad, de un servicio de atención al docente, en el que se atenderán aspectos jurídicos, psicológicos y legales.
- Las Administraciones educativas dispondrán de un seguro de responsabilidad civil que dé una adecuada cobertura al profesorado.
- Plan específico de formación de profesorado. En el mismo se incluirán especialmente actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, la inmigración, la mediación escolar, la convivencia y las estrategias de resolución de conflictos.
- Mayor capacidad de los Claustros en la adopción de medidas disciplinarias a través de los Equipos Directivos.
- Establecimiento de normativas y protocolos de actuación ágiles y realistas, que salvaguarden el derecho de la mayoría y no permitan la impunidad del agresor. Los padres o tutores abonarán los desperfectos ocasionados.
- Aclarar y mejorar la situación jurídica del profesorado.
SECTOR DE ENSEÑANZA DE CSI-CSIF