CSIF RECHAZA EL RECORTE DE DERECHOS EN MATERIA DE INCAPACIDAD PERMANENTE QUE ESTABLECEN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2009

El Proyecto de Ley General de Presupuestos para 2009 incluye una reforma de la incapacidad permanente para funcionarios de Clases Pasivas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS...) que consideramos lesiva para los derechos adquiridos y absolutamente inaceptable desde el punto de vista social.

Dicho Proyecto modifica a la baja la prestación, ya que establece que las cuantías de las pensiones se reducen al 75% del importe que resulte de la aplicación de las normas establecidas cuando el afectado no lleve 20 años de servicios al Estado. Esta reducción inadmisible de derechos se completa con la reducción al 55% de la percepción en el caso de que se realice cualquier otra actividad permitida para los que acrediten menos de 20 años de cotización, y al 75% para los que acrediten más y les hubiera correspondido el 100% de la pensión.

Tras conocer estas propuestas del Gobierno en materia de prestaciones sociales CSIF manifiesta su total oposición a estas propuestas ya que:

Consideramos doblemente rechazables estas propuestas pues, por un lado, se utiliza la ley de Presupuestos para introducir modificaciones legislativas que lesionan gravemente los derechos de los funcionarios, y, por otro, para hacer la vida más difícil a un colectivo que había creído las promesas hechas desde las más altas instancias del Gobierno que había asegurado una y otra vez que no habría recortes en las prestaciones sociales.

Son doblemente inadmisibles estas propuestas si tenemos en cuenta que también se ha reducido la aportación del Estado a los presupuestos de MUFACE lo que puede repercutir en una reducción de las prestaciones a las que tienen derecho los funcionarios mutualistas.

CSIF considera que cuando se está destinando ingentes cantidades de dinero público al sistema financiero es totalmente injustificable se recorten y destruyan derechos de funcionarios utilizando un mecanismo legislativo que había anunciado haría desaparecer.

Por todo ellos, CSIF exige al Gobierno la retirada de estas modificaciones que tienen un contenido claramente discriminatorio para un colectivo que ha tenido la desgracia de sufrir una situación de minusvalía y, justo en ese momento, recibe una bofetada del Estado en forma de reducción de derechos.