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Los Servicios jurídicos
de CSI-CSIF han presentado el día 10 de julio, al amparo de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en los Juzgados de Instrucción de Sevilla, denuncia
por el acoso al que viene siendo sometido el Jefe del Centro de Control de
Tráfico de la Delegación de Movilidad y contra los responsables políticos de
la misma, el concejal delegado y el Director General de Movilidad.
La asesoría jurídica de CSI-CSIF ha valorado los hechos que viene sufriendo
D. Enrique Gutiérrez y que vienen relacionados en el texto de la denuncia,
por si fueran constitutivos de algún género de infracción criminal. Esta
situación que viene sufriendo este funcionario municipal ha supuesto una
política de "mobbing" o acoso laboral, siendo víctima de malos tratos al
sufrir repetidas represalias por intentar desempeñar su cargo de acuerdo con
las funciones legales que el propio Ayuntamiento ha aprobado. Esta actitud
por parte de los responsables políticos de la Delegación de Movilidad puede
ser susceptible de generar responsabilidades en el ámbito penal por el
incumplimiento de forma constante y plenamente consciente por parte de estos
responsables políticos de los acuerdos que el Ayuntamiento de Sevilla ha
venido aprobando en estos últimos años.
 Estos hechos vienen referidos al incumplimiento reiterado de acuerdos tales
como:
• la resolución
de la Provisión de Puestos de Trabajo mediante concurso de méritos, al
negarle al funcionario referido el desempeño del puesto de Jefe de Sección
que reglamentariamente le corresponde;
• la vulneración constante y sistemática del organigrama aprobado por los
órganos competentes del Ayuntamiento de Sevilla respecto a la Relación de
Puestos de Trabajo de la Delegación de Movilidad, vulnerada en cuanto a la
definición de los distintos puestos de trabajo y las funciones
correspondientes a cada uno de ellos;
• las irregularidades en la ejecución y la gestión del contrato de
mantenimiento de las instalaciones semafóricas y explotación del Centro de
Control de Tráfico, donde se incumplen de forma continuada las Cláusulas de
los Pliegos de Condiciones, que son la ley a la que han de ajustarse los
contratos;
• y por último, el uso ilegal de las cámaras de control y ordenación de
tráfico viario de la ciudad, utilizándolas para fines no autorizados, como
ha sido y así está comprobado, la grabación de diversas manifestaciones
autorizadas de distintos colectivos (manifestaciones de taxistas,
funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Sevilla, y diversas
manifestaciones del conflicto que llevaron a cabo los empleados de la Grúa
Municipal, todas ellas en la Plaza Nueva.
CSI-CSIF va a
continuar denunciando todo caso de acoso que detectemos en el Ayuntamiento
de Sevilla, por cuanto supone un proceso de degradación paulatina de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos que busca crear un ambiente
intimidatorio, hostil y humillante, que por su carácter reiterado y por la
complejidad de facetas de la vida laboral del funcionario lesiona el derecho
fundamental a la integridad moral del art. 15 de la Constitución. Cuando
esta situación es imputable a un órgano administrativo implica una
"desviación de poder", así como una suerte de "fraude de ley", que tiene
como objetivo la degradación, el "derribo" y el "acoso" de la resistencia
del empleado público para que acepte una propuesta de la dirección política
contraria a la legalidad.
CSI-CSIF en su defensa de todos los empleados públicos no va a tolerar las
presiones que por interés partidista puedan ejercer determinados
responsables políticos a los funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, que
tal como establece la ley, han de realizar sus funciones de forma objetiva e
independiente en defensa de la legalidad y del interés público de todos los
ciudadanos de Sevilla.
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