La central sindical de CSI-CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla anunció hoy el
inicio de acciones en vía administrativa --que pretenden continuar por la
vía judicial si no atisban resultados positivos para sus intereses-- como
resultado de la situación del oficial mayor del Consistorio Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco, "que sigue evolucionando a peor".
El presidente del sector de administración local de CSI-CSIF, Manuel
Sevilla, señaló a Europa Press que, a día de hoy, Fernández-Pacheco sigue
desempeñando su labor de secretaría en el despacho "provisional" que se le
otorgó en la sede municipal de Escuelas Pías cuando aún era secretario del
Instituto Municipal de Deportes (IMD), labor que posteriormente recayó en el
secretario general del Consistorio, Luis Enrique Flores.
El oficial mayor
"sigue sufriendo un proceso de alejamiento de sus funciones y aislamiento
como empleado municipal, dejándosele de lado", según Sevilla, que añadió que
incluso se han llevado a cabo modificaciones en la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT), "aprobándose en contra de la opinión mayoritaria de los
sindicatos municipales para crear plazas en la Secretaría con el objeto de
proporcionar las funciones que se le han quitado al oficial mayor".
Así, el sindicalista aseguró que Fernández-Pacheco, que actualmente es
secretario de la Agencia Municipal de Recaudación, estaría dispuesto a
llegar a los tribunales "porque se considera que se lesiona con carácter
serio su protección de derechos fundamentales".
El presidente del sector de administración local de CSI-CSIF también informó
sobre el caso del jefe de sección del Centro de Control de Tráfico en la
Delegación municipal de Movilidad, José Enrique G.R., que llevará su caso
por vía judicial en unos días, aunque está aún por decidirse si por vía
contenciosa o penal.
CSI-CSIF alertó en el caso de este trabajador, sobre una "sucesión constante
de presiones e irregularidades", ya que "ni siquiera se dotó de los medios
mínimos necesarios para que el funcionario llevara a cabo su trabajo, no
asignándole despacho y retirando todas las funciones que le correspondían,
trasladándolas a otras secciones o a funcionarios de inferior categoría",
llegando así a la actualidad, en la que el mencionado jefe de sección "no
cuenta con personal a su cargo para llevar a cabo sus funciones".
Por último, Sevilla también aludió a posibles irregularidades, que investiga
el sindicato, en relación a una denuncia presentada sobre la grabación de
imágenes de diversas manifestaciones en Plaza Nueva, en las que participaron
trabajadores de la grúa municipal, taxistas y empleados municipales, con
cámaras de control de tráfico, "desviando las funciones para las que éstas
están reservadas".
Imágenes de la rueda de prensa
ofrecida por el Presidente de la U.P de CSI-CSIF Sevilla, Isidoro
Ocaña, y el Presidente del Sector Local de dicha provincia, Manuel
Sevilla
El sindicato CSI-CSIF denuncia dos casos de acoso laboral en el Ayuntamiento
de Sevilla
Uno hace
referencia el Instituto Municipal de Deportes al que acusan de "privar
sistemáticamente de funciones" al Oficial Mayor del Consistorio.
La otra
se refiere al Área de Movilidad donde han detectado "una actitud de
hostilidad laboral" hacia el Jefe de Sección del Centro de Control de
Tráfico.
El IMD y
la Delegación de Movilidad niegan las acusaciones y aseguran haber actuado
"dentro de la legalidad vigente".
El sindicato CSI-CSIF
llevará a los tribunales dos presuntos casos de acoso laboral en el
Ayuntamiento de Sevilla. El primero apunta al Instituto Municipal de
Deportes y se refiere al cese de funciones del Oficial Mayor, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.
Acusan al IMD de «privarle sistemáticamente de sus funciones» y de provocar
«el desalojo del despacho que ocupaba, eliminando los elementos mobiliarios
e informáticos».
Explican que el Oficial Mayor “es una especie de funcionario-notario”, ya
que su trabajo consiste en certificar que las decisiones tomadas por los
distintos órganos del Ayuntamiento se “ajustan a la legalidad” y que “se le
ha ido privando de sus funciones” tras haber “elaborado algunos informes
contrarios a lo acordado en estos órganos colegiados”.
Creen, por tanto, que “si ya no asiste a esas reuniones ni se le permite
firmar ningún documento es porque no interesa que conozca los acuerdos
alcanzados”.
El sindicato ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando al
alcalde que acabe con este acoso laboral. Si no ha ocurrido así en un plazo
de diez días, llevarán el caso a los tribunales.
El IMD asegura que «no existe tal acoso» y que el Oficial Mayor cesó en sus
funciones «porque volvieron a ser asumidas por el secretario del
Ayuntamiento, que antes las había delegado en aquel. Por tanto, ni siquiera
ha sido un despido”.
Aseguran, incluso, que “sin estar trabajando ya para este organismo
autónomo, estuvo usando el despacho hasta que le fue necesario al IMD”.
La otra denuncia apunta al Área de Movilidad del Ayuntamiento y al supuesto
acoso sufrido por el Jefe del Centro de Control de Tráfico, José Enrique
Gutiérrez Rincón.
Afirman desde el sindicato que “desde hace cinco años está sufriendo una
actitud de hostilidad laboral por parte del Director del Área. Desde
entonces no se le ha dotado de los medios mínimos necesarios para que haga
su trabajo, no asignándole despacho y retirando todas las funciones que le
correspondían”.
Creen que el detonante es “la denuncia que presentó ante los tribunales
acusando al Director del Área de obligarle a grabar en 2004 las
manifestaciones de los trabajadores de la grúa municipal (AUSSA), el gremio
de los taxistas y los sindicatos municipales en Plaza Nueva, utilizando para
ello las cámaras que Movilidad usa para el control y seguimiento del
tráfico. Una actuación que, a todas luces, vulnera la legislación”.
La acusación, que se presentará en los tribunales en un plazo no superior a
diez días, estará dirigida contra Rubén García, director general del Área de
Movilidad del Ayuntamiento, al que acusan de ser el “responsable directo de
este acoso laboral”.
Desde el Ayuntamiento, por su parte, aseguran “estar muy tranquilos porque
todo el trabajo que se desarrolla cumple con la legalidad vigente,
respetando los derechos de los trabajadores". Así mismo, aclaran que "se
respetan los derechos que asisten a los sindicatos y se responderá con la
argumentación oportuna en los tribunales. Confiamos plenamente en la
Justicia".
La prensa
escrita también se hace eco de la noticia
