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El aprendiz se ha hecho maestro. La política de Lolo Silva está sentando
cátedra en las distintas Delegaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Así, la
denuncia de CSI-CSIF sobre la situación de acoso que viene sufriendo el Jefe
del Centro de Control de Tráfico ha sido “radicalmente negada” por la
Delegación de Movilidad, esto es, NO EXISTE, SE RECHAZA SIN MAS, aunque el
autor de tal negación no sepamos todavía quién es, quizás siguiendo la
política del avestruz: de esconder la cabeza.
La respuesta que desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de
Sevilla se ha dado a la denuncia que CSI-CSIF ha realizado ha sido la que
esperábamos: negar la mayor, como suelen hacer en estos casos, como ya lo
hizo Lolo Silva con sus despidos improcedentes o su “presunto” acoso al
Secretario del I.M.D. La consigna parece clara: negar la evidencia y
aguantar el chaparrón hasta que escampe.
Lo que suele pasar en estos casos es que la realidad es tozuda y se impone
al intento de ocultación de la misma. Si de algo se caracteriza a los
funcionarios es de “trabajar con papeles” y en el caso que nos ocupa, el
acoso por parte del Director General de Movilidad hacia determinados
empleados municipales, da la casualidad de que podemos disponer de
información escrita sobre esas actuaciones. Información que describe con
sumo detalle las continuas interpelaciones que por parte del personal
funcionario se ha venido realizando hacia dicha Dirección, y que en la
actualidad se encuentra en manos de la Asesoría Jurídica a efectos de la
interposición en su caso de las denuncias en las vías pertinentes –tanto
penal como administrativa-.
La vía de diálogo que desde la Delegación de Movilidad declaran abierta se
convierte en un monólogo donde la Dirección cree estar en posesión de la
verdad absoluta y no admite ninguna intromisión en sus actuaciones (aunque
ésta sea incluso del Pleno del Ayuntamiento o de su Junta de Gobierno, que
son quienes aprobaron en su día la Relación de Puestos de Trabajo y las
bases de los concursos de méritos), quizá temiendo que dicha intromisión
deje al aire asuntos de difícil explicación ante la opinión pública, o que
la ética profesional de un funcionario cuestione actuaciones que puedan
plantear serias dudas legales, como parece desprenderse de algunos
documentos de los que se están aportando a la denuncia.
DESDE CSI-CSIF,
NOS REITERAMOS EN NUESTRA PETICIÓN DE QUE ESTAS SITUACIONES CESEN DE
INMEDIATO. Y EXIGIMOS QUE LOS RESPONSABLES ASUMAN SUS ACTOS.
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