La Junta de Personal ante un hecho tan lamentable que altera gravemente la convivencia en el centro escolar, manifiesta su repulsa, expresa su solidaridad con la profesora agredida y con el resto del profesorado, rechazando cualquier expresión de violencia. Por ello ha convocado a toda la comunidad educativa a que manifiesten su solidaridad con el profesorado de este centro, mediante la convocatoria de un paro de quince minutos en todos los centros de la provincia.
Desde esta Junta de Personal apostamos por una educación definida desde el respeto a las diferencias, y tolerante, en la que participemos todos y todas (agentes sociales, padres y madres, alumnado y profesorado). Creemos que se deben tomar medidas para que los centros educativos puedan ser espacios de paz y convivencia donde predominen los valores de respeto, solidaridad, compañerismo y trabajo y desaparezca toda expresión de violencia.
Consideramos que es prioritario plantear un debate de la situación de la enseñanza en Andalucía, para mejorar la convivencia y avanzar en la consecución de la armonía que se requiere para que el profesorado pueda desarrollar su labor dignamente, desde la profesionalidad que les caracteriza, y el alumnado pueda ejercer su derecho a la educación con las máximas garantías, en definitiva mejorar la calidad del sistema educativo.
Porque la profesión docente se perfila cada vez más compleja, no solo por las exigencias laborales que recaen sobre los profesionales de la educación, sino también porque la violencia existe en las aulas, y constituye el principal problema de la Educación, no sólo en España sino en numerosos países. Esta disrupción de la convivencia, como venimos denunciando cada vez que se produce un hecho de este tipo, está minando el ánimo de los docentes.
También denunciamos la violencia de baja intensidad (insultos, amenazas, coacciones etc.) que pasa desapercibida para la Administración, y esta destruyendo poco a poco la motivación y la estabilidad psíquica y emocional del profesorado.
Esta Junta de Personal considera que una educación de calidad pasa por la valoración de los docentes y para ello es necesario, entre otras medidas, que se recupere la dignidad de la función docente, con una mejora de las condiciones en las que el profesorado desarrolla su labor diaria. Por tanto consideramos irrenunciable que sea la Administración quien se persone como acusación particular en los casos en que un docente sea agredido, ya que el miedo, en muchas ocasiones, hace que los agredidos no se atrevan a denunciar.
Juana Caballero Calero
Presidenta de la Junta de Personal Docente de Granada